Por: Pedro Corona

El asedio intervencionista de EE.UU. hacia Cuba, si bien ha sido lacerante desde hace seis décadas, a causa del embargo comercial que ha asfixiado la economía, la educación, la estructura productiva, las artes y, en general, la reproducción social de sus habitantes, en lo que va del presente año, durante el gobierno de Donald Trump, se enmarca nuevamente en una política ofensiva hacia la isla, cuyo objetivo central consiste en pulverizarla, hacerla desparecer a toda costa y anular el modelo “centralista” de Cuba, acusándola una y otra vez de dictadura, y que sólo podrá ser “salvada” de esta opresión interna mediante las bondades del liberalismo económico que su administración promueve.

En esta tesitura, el gobierno norteamericano, valiéndose de su poderío económico, político y militar, ha ejercido no solo un nuevo agravio hacia la isla, al incluirla en el listado de países promotores de terrorismo (junto con Irán y Venezuela), sino que además ha endurecido su política económica externa al anunciar aranceles a todo aquel país que intente venderle o comercializar petróleo (incluye principalmente a México y a Venezuela).

Mediante esta política, EE.UU. pretende aumentar el descontento social de la población de Cuba y volcar los reclamos hacia la clase dirigente que gobierna el país: al actual presidente Miguel Díaz Canel, y, sobre todo a la dinastía de los Castro.

Hasta este momento -según los diarios y medios de información a la mano- no ha estallado la inconformidad social que Trump esperaba, pese a las restricciones severas que afectan la vida cotidiana de sus habitantes: apagones de más de veinte horas al día, escaso suministro de gasolina que dificulta el traslado de sus habitantes de cualquier punto de la ciudad de La Habana, de las provincias o del campo. Todo esto sumado a la escasez de gas doméstico que, en consecuencia, ha obligado a una gran mayoría de la población a recurrir al uso de leña para cocinar, con lo que se agravan todas las dificultades concernientes a la distribución de alimentos.

En ese intento de recrudecer una vez más las reacciones del pueblo cubano en contra de su propio gobierno, Donald Trump, ha recurrido a una maniobra por demás cínica, al acusar hace unas semanas a Raúl Castro del derribo de aviones norteamericanos el 24 de febrero de 1996, en la operación “Hermanos al rescate”, en la que supuestamente murieron tres norteamericanos.

Dicha situación ha sido considerada por diversos mandatarios, como una patraña más de EE.UU. para justificar un posible secuestro de Raúl Castro, tal como lo llevó a cabo en Venezuela, con Nicolas Maduro.

Varios jefes de Estado han manifestado amplia preocupación, puntualizando dichos agravios en la Asamblea de la ONU y otras instancias internacionales. Incluso, el presidente de Brasil, Luis Inacio Da Silva, Lula, se ha propuesto como intermediador de dicho “conflicto”. El gobierno de México, pese a las represalias de EE.UU. ha mantenido su política de solidaridad con Cuba y ha enviado “ayuda humanitaria” de enseres domésticos y a algunos alimentos que permitan aliviar las carencias cotidianas de sus habitantes.

Escapa de mi imaginación la forma en que la población de Cuba sortea día con día la serie de restricciones impuesta por EE.UU. Pude constar hace casi diez años el cansancio de la población joven del burocratismo laboral por la escasez de recursos. Sin embargo, me sumo a la propuesta de que Cuba, con todas sus dificultades, tiene posibilidades y méritos para resolverlas. Pero, para ello, es muy importante que EE.UU. levante el embargo comercial impuesto hace seis décadas, y por supuesto, anule las enmiendas recientes.